5.- Las reclamaciones Patrimoniales

Procedimiento y requisitos para obtener indemnizaciones por el mal funcionamiento de los servicios públicos a través de las reclamaciones patrimoniales

Introducción

Las reclamaciones patrimoniales son un mecanismo legal mediante el cual los ciudadanos pueden exigir una compensación económica cuando sufren daños y perjuicios a consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos. Este derecho se basa en el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración, que se encuentra recogido en diversas normativas y jurisprudencia española. En este artículo, detallaremos los requisitos necesarios para presentar una reclamación patrimonial, el procedimiento que debe seguirse y los pasos a tomar si la reclamación es desestimada.

Marco Normativo de las reclamaciones patrimoniales

La responsabilidad patrimonial de la Administración se regula principalmente en dos leyes clave:

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Estas normativas establecen las bases y el procedimiento para que los ciudadanos puedan reclamar y obtener indemnizaciones por los daños sufridos debido a la acción u omisión de los servicios públicos.

Requisitos para las Reclamaciones Patrimoniales

Para que las reclamaciones patrimoniales puedan prosperar, es necesario cumplir con una serie de requisitos legales y formales. A continuación, se detallan los principales:

1. Daño Efectivo y Evaluable Económicamente

El primer requisito es que el daño sufrido sea efectivo, evaluable económicamente y no esté amparado por el deber jurídico de soportarlo. Esto implica que debe tratarse de un perjuicio real, cuantificable en términos monetarios, y que no sea un daño que los ciudadanos deban soportar por ley.

2. Relación de Causalidad

Debe existir una relación directa de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño causado. Es decir, el perjuicio debe ser consecuencia directa del mal funcionamiento de la administración o del servicio público.

3. Falta de Fuerza Mayor

El daño no debe haberse producido por fuerza mayor. La Administración no es responsable de los daños causados por eventos imprevisibles o inevitables que escapan a su control, como desastres naturales.

4. Plazo de Prescripción

El derecho a reclamar una indemnización tiene un plazo de prescripción de un año desde que se produjo el hecho o acto que motiva la indemnización, o desde que se manifiesta su efecto lesivo. Es fundamental presentar la reclamación dentro de este plazo para que sea admitida.

Procedimiento para Presentar las Reclamaciones Patrimoniales

1. Solicitud Inicial

El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud ante la Administración competente. Esta solicitud debe contener:

• Identificación del reclamante.
• Relato de los hechos y especificación del daño sufrido.
• Justificación de la relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público.
• Cuantificación económica del daño.
• Documentación que acredite los hechos y el daño, como informes periciales, fotografías, facturas, entre otros.

2. Instrucción del Procedimiento

Una vez presentada la solicitud, la Administración procede a la instrucción del procedimiento, que incluye:

• Investigación de los hechos.
• Recopilación de pruebas.
• Posibilidad de solicitar informes periciales.
• Audiencia a los interesados para que puedan alegar y presentar las pruebas que consideren oportunas.

3. Resolución

Tras la instrucción, la Administración debe dictar una resolución en un plazo máximo de seis meses. En esta resolución, se determinará si procede o no la indemnización solicitada y, en su caso, el importe de la misma. Si no se dicta resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada por silencio administrativo.

Vía Contencioso-Administrativa

En caso de desestimación expresa o por silencio administrativo, el reclamante puede acudir directamente a la vía contencioso-administrativa para que sea un juez quien determine la procedencia de la indemnización. A continuación, se detallan los pasos a seguir:

1. Presentación de la Demanda

El reclamante debe presentar una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente. En la demanda, se deben incluir los siguientes elementos:

• Identificación de las partes.
• Hechos en los que se basa la reclamación.
• Fundamentos de derecho.
• Petición concreta de la indemnización solicitada.
• Pruebas que se presentarán en el juicio.

2. Procedimiento Judicial

Una vez presentada la demanda, se inicia el procedimiento judicial, que incluye:

• Admisión a trámite de la demanda.
• Fase de alegaciones, en la que las partes pueden presentar sus argumentos y pruebas.
• Celebración de vista oral, si procede, donde las partes pueden exponer sus argumentos y presentar sus pruebas ante el juez.
• Dictado del fallo de la sentencia por parte del juez, en la que se determinará si procede la indemnización solicitada y, en su caso, el importe de la misma.

3. Recursos

Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y, en última instancia, recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en los casos previstos por la ley.

Ejemplos de Reclamaciones Patrimoniales

Algunos ejemplos comunes de reclamaciones patrimoniales incluyen:

• Mal estado de las carreteras: Daños a vehículos y lesiones a personas por accidentes causados por el mal estado de las vías.
• Deficiencias en la seguridad pública: Daños sufridos por falta de actuación o actuación inadecuada de las fuerzas de seguridad.
• Problemas con infraestructuras urbanas: Daños causados por aceras en mal estado, señalización deficiente, falta de mantenimiento de parques y jardines, entre otros.

Conclusión

Las reclamaciones patrimoniales son una herramienta esencial para que los ciudadanos puedan obtener reparación por los daños sufridos debido al mal funcionamiento de los servicios públicos. Cumplir con los requisitos establecidos y seguir el procedimiento adecuado es fundamental para que estas reclamaciones prosperen. La Administración tiene la obligación de responder por los daños causados y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

Para más información sobre cómo proceder con una reclamación patrimonial o para obtener asistencia legal, no dude en ponerse en contacto con Florián de Tomás Abogados